El apellido como mérito: cuando el Estado es una herencia
En un país donde cada elección promete una renovación, seguimos viendo las mismas caras, los mismos apellidos y, peor aún, los mismos hábitos.
Uno de ellos, casi naturalizado, es el de los políticos que designan a sus familiares en cargos estatales. No por idoneidad, no por trayectoria, sino por simple vínculo de sangre.
La política argentina tiene una larga historia de confundir lo público con lo personal.
Gobernadores que hacen ministros a sus hijos, concejales que nombran a sus cónyuges, intendentes que arman estructuras familiares dentro del municipio como si se tratara de una empresa familiar, y asi podria seguir enumerando casos a nivel nacional, provincial y municipal .
Y el Estado, que debería estar al servicio de todos, se convierte en un feudo, en una prolongación de la mesa chica del domingo.
El argumento siempre es el mismo: “Mi hijo es capaz”, “mi hermana está preparada”, “mi esposa ya trabajaba conmigo”, blaaa.. blaa..blaa. Puede que en algunos casos sea cierto. Pero cuando la vara para acceder a un cargo público pasa primero por el ADN, el mérito queda como un adorno. La confianza personal reemplaza al concurso, y la eficiencia se vuelve secundaria frente a la lealtad.
Este tipo de prácticas erosiona la legitimidad del Estado. Porque si el ciudadano de a pie necesita pasar por concursos eternos, entrevistas y pruebas para aspirar a un empleo público, ¿por qué los parientes del poder pueden saltearse todo ese camino? No hay democracia sólida cuando el acceso al poder está mediado por el parentesco.
Cada nombramiento de un familiar es una oportunidad menos para un profesional capacitado. Es un mensaje tóxico que baja desde arriba: no importa cuánto estudies ni cuánto te esfuerces, si no tenés el apellido correcto, estás afuera.
La dedocracia no es una anécdota. Es una forma de corrupción blanda, una señal de que las reglas son para algunos y los privilegios para otros. Y mientras se mantenga vigente, seguirá alimentando el descreimiento, el cinismo y la resignación.
Cambiar esto no requiere una revolución, sino voluntad política real. Que se prohíba por ley, que se fiscalice, que se denuncie.
Porque el Estado no es una herencia: es de todos.
